"Se tambalea el registro del PRI" (Revista Proceso, 21 de enero, 2018)
El pasado 10 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) anunció con bombo y platillo que había descubierto, seis
años tarde, una compleja trama utilizada por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) para triangular enormes cantidades de recursos
ilegales hacia las campañas de 2012. Específicamente, se detectó que
una sola empresa fantasma al servicio de la campaña de Enrique Peña
Nieto, Logística Estratégica Asismex, manejó libremente la friolera de
mil 400 millones de pesos durante aquel proceso electoral sin reportar
un solo peso ni a la autoridad electoral ni a las autoridades
hacendarias.
Este monto sería adicional a los millones de pesos que ya sabemos se
manejaban también por medio de las conocidas tarjetas Monex y Soriana
durante el mismo año.
Sin embargo, en lugar de llegar al fondo de esta situación sumamente
irregular, los consejeros de repente decidieron frenar su investigación y
cerrar el expediente con la aplicación de un par de multas
estrictamente simbólicas. De los mil 400 millones de pesos, el INE
solamente multó al PRI por no reportar pagos por la cantidad de 16
millones de pesos, recursos entregados cuatro días antes de la elección a
personas que estaban formalmente acreditados como representantes de
casilla.
El mismo día del pago de los 16 millones, también se realizó una
dispersión de otros 47 millones de pesos desde las mismas cuentas, pero a
otras personas no formalmente registrados con el INE como
representantes del PRI. Cualquier persona en su sano juicio deduciría
que estos otros gastos también tendrían que haber sido para fines de la
campaña electoral, para comprar votos y movilizar las bases del PRI,
aunque no hayan sido depositados directamente en las cuentas de personas
formalmente registradas ante el INE como operadores del partido. Pero
el INE, al parecer, carece precisamente del juicio necesario y prefirió
encubrir e ignorar la realidad.
Los consejeros también tuvieron el cinismo de multar simultáneamente a
la Coalición Movimiento Progresista, que había postulado a Andrés Manuel
López Obrador a la presidencia, porque aparentemente unas cuantas
personas que recibían dinero de la empresa Asismex, por medio de
tarjetas de Bancomer, estaban acreditados como representantes de casilla
de esta coalición.
Aquí la interpretación lógica sería que estas personas recibían este
recurso como soborno para incumplir sus tareas con López Obrador. O, en
su caso, serían personas infiltradas entre las filas Obradoristas desde
el principio del proceso electoral. No se entendería de otra manera
porque estas personas recibieron exactamente el mismo pago, por la misma
vía y de la misma “empresa” que los miles de operadores priistas
acreditados.
Pero tal hipótesis jamás fue considerada o investigada por los
consejeros electorales. Prefirieron sancionar parejo con el fin de
sembrar entre la opinión pública la fantasiosa idea de que “todos son
iguales”.
Pero el problema más grave con la investigación de los consejeros fue la
ausencia de una indagación con respecto al origen de estos mil 400
millones de pesos. La autoridad simplemente se dio por vencido al
atestiguar la compleja telaraña de cuentas y empresas fantasmas armada
por el PRI y sus socios para esconder los rastros de los “donantes”.
El INE no ofrece dato alguno con respecto a quienes hayan sido los
misteriosos financiadores. Abdicó en su responsabilidad de llegar al
fondo de este enorme atropello a la legalidad y la constitucionalidad en
materia electoral.
¿Habrán sido recursos del narcotráfico? ¿Dinero de Odebrecht y otras
empresas petroleras extranjeras canalizado por medio de Emilio Lozoya?
¿Recursos provenientes del gobierno de los Estados Unidos? ¿Recursos
públicos canalizados por medio de empresas fantasma al estilo de la
“Estafa Maestra” o como en el caso de las elecciones de 2016 en
Chihuahua?
Él que cuenta con toda la información sobre los flujos financieros de
2012 es hoy el único aspirante a la presidencia por el PRI, José Antonio
Meade, quien fungió como el Secretario de Hacienda de Felipe Calderón
durante todo el proceso electoral de 2012. Pero el muy “honesto”
precandidato al parecer sabe muy bien como guardar los secretos y las
complicidades.
La indolencia y la complicidad del INE no nos permiten conocer el
verdadero origen de estos recursos millonarios. Sin embargo, con la
información que tenemos es evidente que hubo una grave violación a la
normatividad en materia electoral.
Por ejemplo, el 41 de la constitución establece el principio
irrenunciable de prevalencia de los recursos públicos sobre los de
origen privado en todas las campañas electorales. En 2012, el PRI
recibió por concepto de financiamiento público para gastos de campaña la
cantidad de 537,269,864.03 millones de pesos. Si se acredita que los
mil 400 millones de pesos manejados por la empresa Asismex fueron
utilizados para la campaña del PRI nos encontraríamos frente a una
flagrante violación de este principio fundamental.
Las leyes electorales también establecen estrictos topes de gasto de
campaña (fijado en 336 millones de pesos para la elección presidencial
de 2012), prohíben la compra o adquisición de tiempos en radio y
televisión para hacer propaganda electoral y sancionan la recepción de
recursos de procedencia ilícita o la utilización de recursos
gubernamentales para fines electorales.
El Artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos señala que es
causa de pérdida de registro de un partido político “incumplir de manera
grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto…de las
obligaciones que le señala la normatividad electoral”.
Cuando combinamos el caso de Asismex con lo que conocemos sobre el
financiamiento irregular de las campañas de 2016 en Chihuahua y otros
estados y los descarados fraudes electorales cometidos en Coahuila y el
Estado de México durante 2017, es difícil no llegar a la conclusión de
que el Consejo General del INE debería por lo menos abrir un expediente
con respecto al posible retiro del registro del partido más viejo y
autoritario del país.
La subordinación de los consejeros al poder y el dinero no les
permitirán actuar de acuerdo con la ley. Sin embargo, tarde o temprano
la historia los juzgará por su evidente complicidad con el régimen de
corrupción y violencia que hoy está destruyendo la nación.
Publicado en Revista Proceso No. 2151
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Twitter: @JohnMAckerman
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