El proyecto y el ancla Lorenzo Meyer

Un punto de partida para entender el tiempo político mexicano actual es asumir que en ese ámbito se vive una coyuntura crítica, una donde el ejercicio del poder está experimentando cambios tan sustantivos que un retorno a la “vieja normalidad” es improbable.

La manifestación más obvia del cambio es la polarización del discurso y de las posiciones asumidas por los actores políticos más activos, desde el presidente de la República hasta los grupos en las redes sociales.

Esta polarización se puede entender como una expresión del histórico binomio derecha-izquierda. En principio, las elecciones de 2018 ofrecieron al elector un abanico de posibilidades, pero, en el fondo, recrearon el binomio: por un lado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido-movimiento y por el otro, los candidatos y partidos que desde el poder habían dado forma al presente: José Antonio Meade (PRI) y Ricardo Anaya (PAN). Las PRI y PAN ofrecían la continuación de la trayectoria establecida de tiempo atrás en tanto que la opción de izquierda propuso la reestructuración del Estado, es decir un cambio de fondo en la naturaleza de la gran estructura institucional que da forma a lo público, y un redireccionamiento de las acciones cotidianas de gobierno.

En términos muy generales, puede decirse que el objetivo de AMLO y los suyos se resume en el lema que acuñaron en 2006: “Por el bien de todos, primero los pobres”. La idea detrás del eslogan es la puesta en marcha de un proyecto político que encamine las acciones del Estado a lograr que los mexicanos en tanto comunidad puedan convivir en un entorno social menos brutal, con dignidad, seguridad y ejerciendo realmente los derechos enunciados en la Constitución.

El Estado nacional mexicano a lo largo de sus dos siglos de existencia no ha podido o querido representar y proteger de manera satisfactoria a su población. La realidad social y las estructuras autoritarias plagadas de corrupción han mantenido a una porción mayoritaria de los mexicanos en calidad de súbditos y no de ciudadanos.

La contundencia de los resultados electorales de 2018 impidió que éstos fuesen puestos en duda. En su conjunto, las plataformas partidistas pusieron al votante frente a una alternativa real. La diferencia entre el ganador y su más cercano competidor fue decisiva —17 y medio millones de votos—, lo que dio a AMLO una legitimidad incontestable y sólida.

La contundencia del viraje que provocó la última elección generó la oposición no tanto de los partidos derrotados que quedaron muy debilitados sino sobre todo de poderes fácticos: fuertes intereses económicos, burocráticos, culturales y del crimen organizado. Esta es la razón de fondo del clima de polarización que hoy se vive en México y que se mantendrá en el futuro previsible.

Desde una perspectiva filosófica, toda empresa política de envergadura requiere de un ancla que este fuera del ámbito de la política. Y esa ancla es moral. La llamada “Cuarta Transformación” es, por un lado, una lucha contra una corrupción endémica que ya es escándalo mundial, por otro es un esfuerzo por dar contenido a la altura de los tiempos al concepto de ciudadanía integral. Se trata, pese a las obvias limitaciones materiales y operativas del aparato estatal, de transformar las inaceptables condiciones materiales y culturales en que subsisten los grupos que se encuentran en la base de la pirámide social.

La actual, es una empresa que busca caminos para dignificar la vida cotidiana y ampliar los horizontes de quienes históricamente han recibido menos de lo que en justicia les corresponde por su esfuerzo como actores en la construcción de la comunidad nacional.