Protección civil, militarizada y violatoria de derechos humanos
Nula capacidad de respuesta ante catástrofes naturales. No se cuenta con rescatistas especializados ni instituciones concebidas para prevenir y reaccionar. Las autoridades civiles –rebasadas e incapaces– delegan a las militares las labores, a pesar de que violenten derechos humanos
La vulnerabilidad del país frente a
sismos como los del pasado septiembre es casi total. La contención de la
catástrofe responde más al azar y a la participación ciudadana
espontánea que a la acción gubernamental. No hay cuerpos de rescate
especializados, la intervención del gobierno no respeta los derechos
humanos y los militares imponen la razón de Estado sobre la protección a
la sociedad. Y en cada desastre ocurre lo mismo. No hay siquiera la
capacidad de comenzar a corregir.
Un diagnóstico de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), concluido a principios de marzo de este año, da
cuenta de la incapacidad del Estado mexicano para reaccionar ante
desastres naturales y antropogénicos.
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Medio año antes de los sismos que causaron estragos en nueve entidades de la República, el Proyecto sobre protección civil y derechos humanos
ya había advertido que la “orientación militar” que se había dado a
toda la política de protección civil era insuficiente para enfrentar las
catástrofes. Incluso, era contraproducente, pues no garantizaba la
protección de los derechos humanos de la población.
El estudio anticipó paso a paso lo que
ocurriría a partir de septiembre pasado, cuando los sismos de los días 7
y 19 causaron estragos en, principalmente, nueve estados: la Ciudad de
México, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Tlaxcala y Veracruz.
El documento se refirió a las vulnerabilidades en que se encontraba la población ante el adelgazamiento
del Estado, la ausencia de cuerpos especializados de rescate, la
militarización, el desdén hacia los derechos humanos, la imposibilidad
gubernamental de dialogar con la sociedad y propiciar la participación
de la población y la caracterización de “damnificados” a quienes en
realidad son víctimas.
Y es que con cada desastre, México
empieza de nuevo. A pesar de ser un país que descansa sobre cinco placas
tectónicas de alta actividad sísmica, con terremotos recurrentes; de
padecer cada año huracanes que llegan por los océanos Pacífico y
Atlántico y el Golfo de México, y de contar con zonas elevadas
susceptibles de padecer heladas cada invierno, por ejemplo, no ha
construido las instituciones necesarias ni ha desarrollado la cultura
para enfrentar las catástrofes. Por el contrario, la capacidad de
respuesta del Estado mexicano es cada vez menor.
Si los derechos humanos no están
garantizados en tiempos de “normalidad”, menos aún en estado de
emergencia. La primera baja que sufre la población es la de los derechos
humanos. Peor situación viven los que pertenecen a los estratos
socioeconómicos más bajos de la sociedad. Los pobres pierden por partida
doble.
“Al estar inscrita la protección civil
en el marco de seguridad nacional con orientación militar, la dignidad
no es atendida con la responsabilidad que el enfoque de derechos humanos
plantea frente a situaciones de crisis y emergencia, como es el caso de
los desastres”, se asienta en el estudio, a cargo de la Coordinación de
Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de
la UNAM.
El Proyecto sobre Protección Civil y Derechos Humanos,
un documento de 200 páginas que no es público aún y del cual sólo
circula una “síntesis ejecutiva”, diagnostica la actual política para
enfrentar desastres. Las “pérdidas y daños relativos a la vida y
derechos humanos básicos no forman parte de las prioridades
institucionales; en el caso del principal instrumento de política
posdesastre, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), tenemos
que hay carencia de un enfoque de derechos humanos al privilegiar
soluciones parciales orientadas a la reconstrucción física de
infraestructura.”
El documento es claro: la protección de
la sociedad no es lo prioritario, sino la razón de Estado. Es el costo
del enfoque de seguridad nacional de la respuesta ante una catástrofe.
Ineptitud, negligencia e insuficiente marco legal
El doctor en ciencias sociales Daniel
Rodríguez Velázquez es el responsable de la investigación. Con una
sólida trayectoria en los estudios sobre las políticas públicas para la
prevención de desastres, el investigador y catedrático de la Escuela
Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM encuentra ineptitud, falta
de voluntad y lagunas legales al enfrentar situaciones como la de los
sismos de septiembre pasado.
En entrevista con Contralínea,
el galardonado con la medalla al mérito universitario lamenta que, salvo
algunas instituciones, el gobierno en su conjunto quedó pasmado luego
del sismo del 19, el cual fue de magnitud de 7.1 y de una intensidad con
aceleración máxima de 58.83 centímetros sobre segundo al cuadrado (casi
el doble de intensidad con respecto de 1985).
“De 1985 para acá hay una involución de
las instituciones en México”, señala, sin ambages, Rodríguez Velázquez.
Explica que tan sólo por el adelgazamiento del Estado mexicano
se tiene que recurrir más a las Fuerzas Armadas. No es que lo cuerpos
militares no deban participar, aclara. Pero sólo con ellas no se va al
problema de fondo.
“Las aptitudes del Estado se han
reducido porque el corpus institucional mexicano se ha ido poniendo al
servicio de intereses privados; y, por otro lado, hay una militarización
de las funciones públicas. Entonces el quehacer institucional en
sentido amplio se ve trastocado.”
A un Estado débil, reducido e incapaz
estructuralmente, se suma la ineptitud de funcionarios. “No hay servicio
civil de carrera efectivo. Sigue predominando el cuatismo, el compadrazgo, para que lleguen a puestos públicos quienes no saben pero van a donde hay dinero”.
Y la voluntad política del gobierno para
actuar sólo se logra cuando hay presión social. “Y esto es muy
lamentable porque la Constitución señala que se trata de servidores
públicos. Se les paga para servir a la sociedad. Se crean instituciones
porque la sociedad de alguna manera construye parte de su dinámica para
que haya instituciones que sirvan para los fines sociales y públicos. Lo
que ocurre es que hay un patrimonialismo, una especie de apropiación de
grupos, de personajes”.
El investigador ejemplifica con los
exgobernadores hoy investigados por corrupción. Ellos se han robado “más
dinero de lo que va costar la reconstrucción”.
En cuanto al marco legal vigente, el
principal problema que observa Rodríguez Velázquez es que no considera a
la prevención como el eje fundamental de la política para enfrentar
desastres. En la Ley General de Protección Civil se hace mención de la
gestión integral, pero la participación social se sigue viendo como la
de grupos voluntarios especializados en rescate, que son agrupaciones ya
profesionales o bien el apoyo a “damnificados”.
El especialista detalla que no hay
mecanismos para respetar la participación de la sociedad. México cuenta
con “una vocación solidaria muy importante”, pero esta ventaja no se
recoge en el marco jurídico. No se contempla en la Ley General de
Protección Civil ni en el reglamento de la Ley ni en el Programa
Nacional de Protección Civil. Tampoco, en las Reglas y Lineamiento de
Operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales.
“No se aprovecha el potencial colectivo
de las comunidades que, por ejemplo en Chiapas y Oaxaca, es
fundamental”. Por el contrario, la política de Estado frente al desastre
busca fragmentar esa organización: que cada persona reciba su “monedero
electrónico” y vaya a comprar lo que pueda y se quede conforme.
Derechos humanos, fuera
Por su parte, el documento –en el cual
colaboraron también Fernando Briones Gamboa (Universidad de Colorado),
Mario Garza Salinas (Universidad Iberoamericana) y Araceli Mejía
Balderrama (ENTS, UNAM)– señala que la política de protección civil
mexicana es tan anacrónica que nunca ha estado presente el enfoque de
derechos humanos.
“Desde la creación del Sistema Nacional
de Protección Civil (Sinaproc) en 1986, ha estado ausente el enfoque de
derechos humanos como principio rector de la política institucional en
materia de desastres.”
El diagnóstico señala que los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales –ya incorporados en la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales– “deben ser referente
para replantear la protección civil en el marco de los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que
sustentan los derechos humanos.”
Por este enfoque inadecuado, a las
víctimas se les considera sólo “damnificadas”. La utilización de un
término u otro no es anecdótica. Por el contrario, de él depende la
respuesta que obtendrán del Estado mexicano.
“La población afectada en situaciones de
desastre no es concebida como víctima en el sentido del marco
referencia de los derechos humanos –señala el documento–. En cambio,
prevalece la noción de damnificado que remite a la persona que padece
carencias y afectaciones diversas, sobre todo en el derecho a la
vivienda por efectos asociados a los fenómenos externos a la sociedad.”
En efecto, el Artículo 2, fracción XIV,
de la Ley General de Protección Civil define al “damnificado” como:
“Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido
daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera
que requiere asistencia externa para su subsistencia; considerándose en
esa condición en tanto no se concluya la emergencia o se restablezca la
situación de normalidad previa al desastre”.
En esta disposición legal, según el
diagnóstico, queda clara la falta de atención integral para las
víctimas. “Desde este marco jurídico, se enfatiza sobre un enfoque
asistencialista de carácter coyuntural para atender necesidades
inmediatas y en los procedimientos de actuación institucional ante la
situación de los damnificados. Esto significa que las necesidades se
definen en función de criterios gubernamentales de carácter coyuntural y
reglas de operación diseñadas al margen de los derechos humanos y de
las necesidades de la ‘población afectada’. Desde este contexto, el
diálogo no es un elemento sustantivo en el diseño, ejecución y
evaluación de políticas de protección civil porque la población no es
víctima de procesos vinculados con la dinámica social, sino de las
incontrolables fuerzas de la naturaleza”.
Por ello, además, los esfuerzos se
concentran en las grandes ciudades. Lo anterior, no obstante que
precisamente en los estados y regiones más depauperizados y excluidos
del país se concentran los daños y pérdidas humanas y materiales.
El documento señala que es indispensable
replantear y transformar las políticas de protección civil. Y no sólo
para responder adecuadamente a un nuevo terremoto, sino a los desastres
de origen natural y antropogénico que, en pleno cambio climático,
sucederán probablemente.
Tal replanteamiento de las políticas de
protección civil debe pensarse “desde la gobernanza democrática, que
trasciende el enfoque prevaleciente de gobernabilidad ligado al control
social, la intervención de las Fuerzas Armadas y la débil evaluación
institucionalizada de las causas de los desastres”.
De acuerdo con el estudio, el enfoque
que debe regir cualquier planeación de protección civil y prevención y
respuesta a una catástrofe es el de “respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.
Por ello, entre las recomendaciones con
las que concluye el informe se encuentran que “las actuaciones
institucionales se rijan desde la prioridad de la integridad de la vida;
se procuren sinergias institucionales y de participación social; se
incorporen la resiliencia social como concepto transversal de las
políticas de protección civil, adaptación a cambio climático, ambiental y
de ordenamiento territorial; se promueva la participación de la
sociedad en el proceso o ciclo del desastre (valoración de riesgos y
vulnerabilidades, identificación de riesgos, prevención, preparación,
mitigación, auxilio y recuperación), vinculando esta participación con
el enfoque de derechos humanos en cada etapa; y se busquen mecanismos
para una adecuada aplicación de políticas inspiradas en la gobernanza
democrática.”
Derecho a la información, previene catástrofes
En el texto se señala que los costos de
prevención son menores comparados con los costos de reconstrucción y
auxilio. Por ello se debe poner más énfasis en este aspecto.
La recomendación final del estudio
auspiciado por la UNAM y la CNDH es diametralmente opuesta a lo que hoy
está aplicando el gobierno federal y los gobierno de los estados. “Se
plantea el empoderamiento popular, comunitario y ciudadano, así como la
equidad en el acceso a la información y el respeto a las discrepancias
para construir consensos sólidos, en la perspectiva ya reiterada de
gobernanza democrática.”
Y en materia de planeación real de
seguridad, no ha prácticamente nada. Rodríguez Velázquez señala que “no
basta decir ‘no corro, no grito, no empujo’. Sino en qué condiciones
están los edificios en los que trabajamos o vivimos. Dónde están los
planos estructurales. ¿Está correcta la cimentación? ¿Responde al tipo
de subsuelo? ¿A una hipótesis sísmica de tal o cual graduación? En fin.
Esto se oculta. Es otro vacío importante”.
?¿En concreto, qué omisiones tiene el gobierno federal en materia de prevención? –se le pregunta a Daniel Rodríguez.
?En principio necesitamos cambiar el
enfoque y elaborar documentos que no sean de alta especialización sino
de divulgación básica; por ejemplo, de cómo tener la seguridad de que en
la vivienda no va a haber fuga de gas. Se debe contar con toda la
información y con planos, sin tanta complicación técnica, dónde puede
haber procesos de licuefacción del terreno.
La licuefacción es lo que ocurre cuando,
con el movimiento sísmico, la consistencia del suelo se reblandece y
genera ondas sísmicas amplificadas.
El investigador no oculta su sorpresa de
que en México, con una historia de sísmica clara, la población no tenga
acceso siquiera a ese tipo de información.
Una de las causas de las pérdidas
humanas y materiales es precisamente el ocultamiento de la información.
“De qué sirve que existan los atlas de riesgos si no hay acceso
pertinente y oportuno a la población. Aquí el problema que tenemos es
que tiene que haber cultura de prevención, planes de respuesta para
actuar, información confiable de la zona en que se vive, del edificio en
el que se está”.
Rodríguez Velázquez señala que todas las
personas deben tener acceso a los planos de los lugares en los que
trabaja y vive, para obligar a que se cuente con las medidas de
seguridad adecuadas y con planes de respuesta. Se trata del cumplimiento
cabal de uno de los derechos más publicitados en los últimos años: el
derecho a la información.
“Un componente básico para la cultura de
prevención y los protocolos de actuación es que no se oculte
información, que se tenga conocimiento. Si no hay transparencia en esto,
sobre todo en ciudades como la nuestra, será muy difícil enfrentar un
nuevo sismo.”
El doctor en ciencias sociales, maestro
en urbanismo y licenciado en trabajo social explica que el derecho a la
información pasa porque la población sepa que ´procedimientos seguir
para evitar que ocurra un derrumbe por sismo. La persona debe saber si
el edificio en el que vive o trabaja “requiere cierta revisión de su
cimentación, de su pilotaje, en fin, según los sistemas constructivos”.
Y esos peritajes deben realizarse de manera permanente. No sólo cuando acabada de ocurrir un terremoto.
“La actuación implica que haya un
empoderamiento de las comunidades, de las personas. No sólo esperar a
que la autoridad diga. Ya se comprobó nuevamente: los primeros
respondientes son las personas, las comunidades; no son ningún tipo de
rescate por más eficiente que sea: el Ejército Mexicano, los bomberos,
la Cruz Roja o los extranjeros. Los que responden en segundos son los
que ahí viven, trabajan, los que comparten la vida cotidiana”, finaliza
Daniel Rodríguez Velázquez.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]
Contralínea 564 / del 06 al 10 de Noviembre de 2017
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