Cada expresidente cuesta a los mexicanos 60 millones de pesos anuales
Cinco expresidentes de México y dos viudas obtienen beneficios por más de 5 millones de pesos cada mes: personal de ayudantía y escoltas, pensiones, seguros de vida y de gastos médicos son cargados al erario. Entre los beneficiarios está Margarita Zavala, actual aspirante a la candidatura presidencial por el PAN
Los expresidentes Felipe Calderón,
Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría y las
viudas de Miguel de la Madrid –Paloma Cordero– y de José López Portillo
–Alejandra Acimovic (Sasha Montenegro)– cuestan al erario más de 60 millones de pesos anuales cada uno (a razón de más de 5 millones de pesos por mes).
Copias de los comprobantes de gastos
–obtenidas a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental– revelan que el gasto público
destinado a los exmandatarios y sus beneficiarios no se reduce a las
pensiones de 205 mil 121 pesos mensuales, sino que incluye aguinaldos
(21 mil 876 pesos), seguros de vida (32 mil 448 pesos), seguros de
gastos médicos mayores (de 74 a 333 salarios mínimos generales mensuales
generales vigentes en la Ciudad de México) y sueldos al personal de
ayudantía y escoltas (4 millones 799 mil 999 pesos).
Además, los mexicanos –de los cuales 70
millones se encuentran en situación de pobreza– les pagan los
denominados “servicios domiciliarios”, que van desde el servicio de
jardinería, luz, predial, agua y teléfono, hasta la manutención de tres
automóviles de uso personal para los beneficiarios (expresidente, esposa
e hijos) y tres más para el uso de escoltas, así como el pago de
gasolina y tenencia de esos vehículos.
El gasto mensual de 5 millones 5 mil 121
pesos (que se establece cada año en el Presupuesto de Egresos de la
Federación) fue oficializado el 31 de marzo de 1987, cuando gobernaba
Miguel de la Madrid Hurtado. No obstante, la erogación ya se había
instituido desde el sexenio anterior, encabezado por el también priísta
Luis Echeverría Álvarez.
La “oficialización” se dio con el Acuerdo Presidencial 2763-BIS que, sin firma del mandatario en turno ni su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF),
aprobó el pago de pensiones, apoyos, personal de ayudantía, escoltas y
compensaciones a expresidentes y sus herederos. Éste se asentó como “el
otorgamiento de beneficios de carácter económico, social y
administrativo” para la subsistencia y protección de los mismos.
El doctor en derecho y en ciencias de la
información Ernesto Villanueva explica que ése “es un Acuerdo con bases
legales ausentes, puesto que, además de la ausencia de firma y de su
publicación en el Diario Oficial, el Acuerdo se ha manejado en términos de arbitrariedad, lo que significa un desvío del poder por parte del Ejecutivo”.
El también investigador en el Instituto
de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), agrega que “si bien es cierto que entre las facultades
del presidente está la promulgación y ejecución de leyes (artículo 89,
fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos),
nunca se le confiere a éste el poder ni la autoridad legal suficiente
para destinar a exmandatarios o a funcionarios públicos ningún tipo de
beneficio además de una pensión”.
Personal de ayudantía y guardias
La Oficina de la Presidencia, así como la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado indican que, para su protección y
la de su familia, cada exmandatario de México tendrá a su disposición 78
personas adscritas a la Armada, a la Fuerza Aérea y al Ejército
Mexicano.
Además, a su servicio tendrán 25
empleados de la Federación –aunque el personal varía a petición de cada
beneficiario–, que desempeñarán cargos como: director general, director
de área, subdirector, jefe de departamento, secretaria, técnico
especializado, chofer y auxiliar administrativo.
En respuesta a la solicitud de
información 0210000040117, la Dirección General de Recursos Humanos de
la Presidencia informa que no cuenta con datos que detallen los gastos
en personal de ayudantía, debido a que no existe una “unidad responsable
ejecutora de gasto que permita proporcionar el gasto total requerido”.
Y no obstante que, en su respuesta,
adjunta una tabla que describe el número de personas al servicio de cada
expresidente junto con los niveles tabulares que les corresponden, al
momento de rastrear las percepciones de esos funcionarios (sueldo,
prestaciones, pago de primas de seguros, etcétera), dichos niveles
tabulares aparecen como inexistentes o no coinciden con los cargos que
ocupa cada empleado.
Lo que sí se establece tanto en el Manual
de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal como en el Acuerdo
Presidencial 2763-BIS, es que cada exmandatario contará con 25 empleados
de ayudantía pagados por el erario nacional.
Así, el equipo de los expresidentes se
conforma por un director general, con una percepción total de 180 mil
474 pesos; dos directores de área, con una percepción de 112 mil 659,
cada uno; cuatro subdirectores, cada uno con un sueldo de 50 mil 784
pesos; cuatro jefes de departamento, con una percepción individual de 34
mil 123 pesos; cuatro secretarias: una asignada al director general,
otra al director de área, así como dos más al subdirector; tres técnicos
especializados; tres choferes, y cuatro auxiliares administrativos.
Respecto del personal asignado a
guardias, sólo se pudo acceder a la cantidad de personas que cada
expresidente tiene a su disposición, pues Presidencia argumenta en su
respuesta que, “después de efectuar una búsqueda exhaustiva en la
Coordinación Administrativa del Estado Mayor Presidencial, no se
encontraron registros documentales de gastos, por lo que se declara su
inexistencia”.
Pese a esto, es público (según el
artículo 4 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado) que el
número y rangos del personal de guardia adscrito al Estado Mayor
Presidencial que los expresidentes tendrán a su cargo son: de la Armada,
dos jefes con un sueldo anual de 92 mil 439 pesos; cuatro oficiales,
con un salario anual de 39 mil 267 pesos, y 16 de tropa, con un salario
anual de 14 mil 352 pesos. De la Fuerza Aérea: un jefe, con un salario
anual de 2 mil 439 pesos; dos oficiales, con un salario anual de 39 mil
267 pesos, y ocho de tropa, con un salario anual de 14 mil 352 pesos. Y
del Ejército: un general, con salario anual 179 mil 89 pesos; cuatro
jefes, con un salario anual de 2 mil 439 pesos; ocho oficiales, con un
salario anual de 39 mil 267 pesos, y 32 de tropa, con un salario anual
de 14 mil 352 pesos.
El número de ayudantes de los
exmandatarios y sus familias es modificable a petición de los
beneficiarios, motivo por el cual Vicente Fox cuenta con el grupo más
grande: 20 funcionarios a su disposición. Le siguen Felipe Calderón y
Luis Echeverría, con 18 respectivamente; Carlos Salinas con 11, y
Ernesto Zedillo con tres.
Aguinaldo y seguros, a costa del erario
En lo que corresponde al pago de
prestaciones, tales como aguinaldo, seguro de vida y seguro de gastos
médicos mayores, la Oficina de la Presidencia proporcionó, a través de
la solicitud de información 0210000039317, copias de los comprobantes de
pago de dichas prestaciones en la primera quincena de marzo de 2017.
Los montos del aguinaldo fueron los
siguientes: Luis Echeverría con 31 mil 875 pesos, más un monto de 11 mil
269 pesos asignado en el rubro de “otras prestaciones”; Vicente Fox con
21 mil 875 pesos y el mismo monto asignado a “otras prestaciones”;
Felipe Calderón con los mismos pagos en aguinaldo y prestaciones que
Fox; Alejandra Acimovic (viuda de José López Portillo) y Paloma Cordero
(viuda de Miguel de la Madrid), con 10 mil 937 pesos y “otras
prestaciones” de 4 mil 827 pesos, respectivamente.
Sin embargo, los montos que corresponden
al pago de las primas de seguro de vida y de gastos médicos mayores se
encuentran deliberadamente cubiertos por franjas negras que deberían
eliminar únicamente los datos de carácter confidencial (RFC, CURP,
número de cuenta, número de seguro social). No obstante, de a acuerdo
con datos obtenidos en 2005 (solicitud 210000041305), el monto anual
destinado al pago de seguro de vida era de 32 mil 448 pesos por
expresidente.
Los que no cobran pensión
En las respuestas oficiales consta que
hay expresidentes que no reciben algunos beneficios. Tal es el caso de
Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, quienes decidieron renunciar a los 205
mil 121 pesos mensuales asignados al pago de pensiones.
No obstante, la Oficina de la Presidencia
omite aclarar si ambos exmandatarios también renunciaron a prestaciones
como el seguro de vida y de gastos médicos mayores. El doctor Ernesto
Villanueva asegura, en entrevista, que ambos mantienen vigente estas
prestaciones.
Además, de la información oficial se
desprende que tanto Salinas como Zedillo continúan recibiendo “apoyo” de
personal de ayudantía y guardias, que constituye el mayor gasto para el
erario.
En el caso de Felipe Calderón –quien por
la aspiración presidencial de su esposa, Margarita Zavala, anunció a
inicios de 2017 que no recibiría más la pensión–, el pago de su pensión
se mantiene, pues en vez de renunciar a ésta, la “donará” a una
institución sin fines de lucro.
Así, su decisión no representó ningún
ahorro para los mexicanos: tampoco ha renunciado al resto de
prestaciones –como el personal de ayudantía, los seguros, el aguinaldo y
las escoltas– de las que gozan él y su familia. A costa del erario, la
panista Margarita Zavala disfruta de al menos un automóvil con chofer, y
los gastos vinculados a éste (gasolina y tenencia).
Para Irma Eréndira Sandoval, doctora en
ciencia política y coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la
UNAM, este tipo de actos son “obscenos”: “ilustran la vinculación entre
la impunidad y la corrupción de una clase política acostumbrada a ser
improductiva y a protegerse entre sí, sin importar el partido político
al que pertenezcan.
“Este tipo de gastos onerosos están más
vinculados a la impunidad que a la corrupción, pues se cuidan la
espalda”. En entrevista, la investigadora en el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM explica que “la corrupción es un
problema estructural, y no administrativo como comúnmente se piensa, en
el que ni los órganos destinados a la transparencia y rendición de
cuentas pueden dar solución”.
No obstante, no es un asunto perdido.
“Aún existen caminos por los cuales se puede dar fin a este tipo de
partidas de dispendio. Las políticas de austeridad republicana, por
ejemplo, están guiadas a reducir, de manera sostenida y paulatinamente,
el costo de la administración pública”, señala la doctora Sandoval.
En años recientes se han impulsado
iniciativas que buscan eliminar estos injustos beneficios. Pero a la
fecha, las arcas públicas de México les pagan a los expresidentes y sus
familias “una vida de reyes” por sexenios de miseria y violencia.
Víctor Hugo Reyes Martínez
[PORTADA]
Contralínea 550
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