México: el país más impune en materia de desaparición forzada
Trece organizaciones internacionales han formulado más de 150 recomendaciones a México durante el presente sexenio; todas, relacionadas con la ola de desapariciones que, desde la Guerra Sucia y hasta el presente, enluta a miles de familias
Al menos 156 recomendaciones en materia
de desaparición de personas ha recibido el Estado mexicano de parte de
13 organismos internacionales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La mayoría de ellas no ha sido solventada en lo absoluto. Si se suman
las del último año del sexenio pasado, de Felipe Calderón, las
indicativas suman más de 300.
Las recomendaciones han sido emitidas,
en su gran parte, por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias y por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Pero también, por otras nueve instancias
de la Organización de las Naciones Unidas: el Comité contra la
Desaparición Forzada; el Comité contra la Tortura; el Comité de los
Derechos del Niño; el Consejo de Derechos Humanos; el Comité para la
Eliminación de la Discriminación de la Mujer; la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la
Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, Sus Causas y
Consecuencias; la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, y el
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Además, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
México se ha convertido en el mayor
receptor de recomendaciones por este crimen de lesa humanidad, muy por
encima del segundo lugar, Irak –que padece guerra civil, invasión y
ocupación terrorista–, que recibió 68.
Oficialmente, México reconoce 30 mil 942
personas desaparecidas (forzadas o no) o extraviadas, como reportó la
Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas en marzo pasado. De ellas, casi 7
mil son menores de edad. Organizaciones defensoras de derechos humanos y
de familiares de las víctimas aseguran que la cifra total real es
superior, pues muchos de los casos no se denuncian.
Ariel Dulitzki encabezó el Grupo de
Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de 2010 y hasta el
30 de abril pasado. Supo de la situación mexicana, conoció el caso de
los 43, visitó el país, se reunió con familiares de las víctimas, con
organizaciones defensoras de derechos humanos, con funcionarios de los
tres niveles de gobierno de México y emitió recomendaciones.
A pesar de ser cauto, su evaluación es
clara: México ha faltado en todo. “En general, el Estado [mexicano] ha
fallado en sus respuestas en materia de verdad, justicia y reparación”.
Pero no es estridente. En entrevista con Contralínea,
señala que no se puede generalizar la actuación de todos los servidores
públicos. “Hay muchas autoridades a nivel estatal como a nivel de la
Federación, y a nivel de los tres Poderes del Estado [Ejecutivo,
Legislativo y Judicial], que tienen voluntad de hacer las cosas bien,
desde la perspectiva de los derechos humanos”.
El problema es con dos tipos de
funcionarios: aquellos “que están implicados en desapariciones forzadas”
y aquellos “que no tienen voluntad política para tratar las necesidades
de las víctimas de desapariciones forzadas”.
La primera recomendación que hizo a
México el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
fue el de reconocer la dimensión del problema, recuerda el abogado
Santiago Corcuera Cabezut.
El maestro en derecho por la Universidad
de Cambridge, Inglaterra, y quien fue presidente del Comité de Naciones
Unidas contra la Desaparición Forzada hasta junio pasado, sentencia:
“si no se reconoce la dimensión del problema no se van a seguir las
recomendaciones que las instancias internacionales le hacen al
destinatario”.
Y es que el gobierno mexicano, lejos de
aceptar las recomendaciones de las instancias internacionales, las
descalifica y cuestiona la integridad y la capacidad de las
organizaciones que las emiten.
En entrevista con Contralínea,
Corcuera Cabezut explica el comportamiento del Estado mexicano con una
analogía: “Es como un paciente que va al médico por alguna afectación.
El médico le dice que tiene una grave enfermedad y que debe seguir un
tratamiento; pero el paciente se enoja con el médico, le dice que
exagera, y va a ver a su abogado para preguntarle si las recomendaciones
apuntadas son de carácter obligatorio”.
?¿Esa falta de voluntad política tiene
su origen en que podría haber funcionarios implicados en la desaparición
forzada? –se le pregunta a Corcuera Cabezut.
?No lo sé. No sé qué piensan: si se
sienten agredidos, dolidos… no lo sé. Lo que sí puedo juzgar es la
reacción que exteriorizan: es la descalificación de las instancias
internacionales que les formulan recomendaciones y la negación del
problema. Y ante tales actitudes, no habrá solución para el problema.
“El Estado mexicano no se va a hacer el
harikiri”, dice sin ambages el luchador social Julio Mata, secretario
ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y
vocal de comunicaciones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones
de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam).
“El Estado mexicano no tiene el deseo de
que se conozca la verdad de los desaparecidos porque él mismo está
implicado. Va a seguir protegiendo a sus entes. Y va a hacer todo los
posible porque no se sepa cuáles son esas cadenas de transmisión que
mueven la necesidad de protegerse entre unos y otros, sean militares,
policías y civiles”, señala el luchador social que demanda la
presentación de personas que fueron desaparecidas desde las décadas de
1960, 1970 y 1980, el periodo de la Guerra Sucia.
A decir de Julio Mata, basta un hecho
para corroborar que no hay voluntad política de las autoridades
mexicanas para que se conozca la verdad y se haga justicia en materia de
desapariciones políticas: hoy y durante la “alternancia”, cuando por 2
sexenios detentó el Poder Ejecutivo Federal el Partido Acción Nacional
(PAN), se mantiene la negativa de abrir los archivos del Ejército
Mexicano.
Entrevistados por separado, los
especialistas coinciden en que hay una condición para que no se haga
justicia en materia de desapariciones y también para que sigan
ocurriendo estos crímenes considerados de lesa humanidad: la impunidad.
Para Julio Mata, si hay algo que
caracteriza a las desapariciones que hoy ocurren en México con las del
periodo de la Guerra Sucia es la impunidad. “El Estado es responsable”,
señala. Incluso reitera esa responsabilidad para los casos en los que no
se consideran desapariciones forzadas: “Ya sea por acción, por omisión o
por aquiescencia, el Estado mexicano es responsable”.
Desde 2013, el Comité contra la
Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó
al gobierno mexicano autorización para realizar una visita de trabajo
para revisar los avances en el combate a este crimen. Sin embargo, las
autoridades mexicanas no han respondido al organismo internacional.
Al inicio del gobierno de Enrique Peña
Nieto, tanto el Comité contra la Desaparición Forzada como el Consejo de
Derechos humanos (ambos de la Organización de las Naciones Unidas)
tuvieron que recomendar “enérgicamente” al Estado mexicano que
reconociera la competencia del propio Comité contra la Desaparición
Forzada para formularle recomendaciones.
Muchas otras “sugerencias” vendrían para
que las autoridades mexicanas pusieran en práctica las recomendaciones
efectuadas por los organismos internacionales.
Sólo en materia de investigación de
casos de desaparición, el Estado mexicano recibió 30 recomendaciones en
lo que va del sexenio. La mayoría de ellas, formuladas por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, la que investigó la
desaparición de forzada de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
Además de las recomendaciones en materia
de investigación, el Estado Mexicano recibió “sugerencias” para acatar
el régimen internacional de protección; adecuar el marco legislativo
para atender la desaparición de personas (en general, y en particular la
desaparición forzada); clarificar la situación legal de las personas
desaparecidas y de sus allegados; construir un registro único nacional
de personas desaparecidas confiable y útil; generar un procedimiento de
búsqueda de personas desaparecidas sin dilaciones y de oficio; para
reformar la jurisdicción militar en la materia; de protección y apoyo a
las familias y personas que denuncian, participan o defienden casos de
desaparición; establecer un registro de personas privadas de la
libertad; garantizar el derecho a la libertad personal (entre otros
asuntos, derogar la figura del arraigo); prevenir e investigar las
desapariciones de migrantes; otorgar particular atención a las
desapariciones de mujeres; sancionar en la legislación la desaparición
de niñas y niños; instrumentar un programa especial con respecto de las
desapariciones de la Guerra Sucia; reformar las fuerzas de seguridad, y
garantizar el derecho a la reparación.
Sobre este último apartado, la primera
recomendación de 2015 –formulada por el Grupo de Expertos
Independientes– señala que el Estado mexicano debe “concebir la
reparación como un instrumento para promover una transformación
democrática y lograr mejores condiciones de justicia distributiva para
todos”.
La segunda se refiere a otorgar una
reparación integral “y transformadora” a las víctimas. “Toda persona
física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una
desaparición forzada debe contar con reparaciones tales como: medidas de
rehabilitación, satisfacción, compensación, restitución si es el caso, y
garantías de no repetición. Con base en los estándares internacionales
de derechos humanos se deben reparar los daños materiales (daño
emergente y lucro cesante), los daños inmateriales (medidas simbólicas) y
el daño al proyecto de vida”.
A pesar de ir a contracorriente y de la
falta de voluntad de los funcionarios, los familiares de los
desaparecidos no tienen otra opción que seguir exigiendo al Estado
mexicano justicia.
A decir de Corcuera Cabezut, las
demandas a las autoridades “deben ser, uno, que reconozcan la dimensión
del problema; dos, que pongan en práctica todas y cada una de las
recomendaciones que las instancias internacionales han hecho con el fin
de ir superando poco a poco la gravísima crisis humanitaria en la que el
país está sumergido, donde hay práctica generalizada de la tortura,
donde en muchas regiones del país pudieran estarse presentando
desapariciones generalizadas y donde muchas de las cuales se trata de
desapariciones forzadas (es decir, cometidas por agentes estatales]”.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
Contralínea 549
Comentarios
Publicar un comentario